20/06/2024
El 8 de mayo de 1980, las organizaciones Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), Grupo Lambda de Liberación Homosexual (Lambda) y el Grupo Autónomo de Lesbianas OIKABETH, realizamos una manifestación de protesta en la Plaza Tlaxcoaque, frente al edificio que albergaba la Jefatura de Policía y Tránsito del Distrito Federal, cuyo director era el General Arturo Durazo Moreno. Una comisión de los tres grupos subió hasta sus oficinas y le entregó en mano la carta adjunta exigiendo el fin de las infames razzias, o redadas contra homosexuales, travestis y trabajadoras sexuales. Cabe recordar que en esos meses precisamente, el nefasto Durazo Moreno estaba llevando a cabo la persecución, la tortura y el exterminio de bandas de narcotraficantes colombianos, a los que ordenaba asesinas y cuyos cuerpos eran arrojados al desagüe profundo de la ciudad, apareciendo después en el Río Tula, A la distancia, creo que nuestra temeridad, la convicción de que estábamos haciendo lo correcto y el acompañamiento de los medios de comunicación nos puso a salvo de una potencial reacción criminal de parte de la corrupta policía comandada por ese asesino. Compartimos este documento como testimonio de las valerosas acciones de cientos, de miles de homosexuales, lesbianas y travestis que estábamos hartos de los abusos y la violencia policíaca.
He aquí la carta:
México D.F., a 8 de mayo de 1980
C. GENERAL DE DIVISIÓN ARTURO DURAZO MORENO JEFE DE POLICÍA Y TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE
El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth, así como las diversas organizaciones políticas y sindicales que suscriben este documento en apoyo solidario, haciendo uso de los derechos que nos confieren los artículos 6, 7, 8 y 9 de nuestra Constitución, nos dirigimos respetuosamente ante Usted para manifestarle nuestra posición respecto a la persecución y represión ilegales que la dependencia que Usted dirige ha desatado contra la ciudadanía de la capital. Si bien la represión policiaca siempre ha existido, ésta se ha recrudecido a partir de los últimos tres años de su gestión como Jefe de la misma. Ella se lleva a cabo especial mente contra la clase trabajadora y con saña particular contra los homosexuales, los travestís y las prostitutas. La Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT) utiliza el método del arresto masivo, indiscriminado e ilegal conocido en la jerga del medio como redada o razzia.
Es pertinente dejar bien claro desde el principio que el concepto de redada no es un concepto jurídico: no la mencionan ni el Código Penal ni el Reglamento de Policía y Tránsito. Por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 14:
"Nadie podrá ser privado de su... libertad, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho"
Asimismo, el artículo 16 establece con toda claridad:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motiva la causa legal del procedimiento”
Contra un mandamiento jurídicamente establecido en la Constitución no puede haber nada que se pretenda alegar o utilizar como fundamento para ejecutar actos que violen ese mandato supremo* Las redadas son, en ese sentido, hechos que se contraponen cabalmente a lo estipulado en la ley máxima de la Nación.
Las razzias adquieren un carácter de arresto ilegal, impuesto arbitrariamente por la fuerza y ejecutado por el o los organismos a quienes dotamos de esa fuerza para defender los principios que consagra la Constitución y que deben permitirnos a todos los ciudadanos de este país vivir y convivir dentro de un marco de certeza y de seguridad jurídicas.
Desde el momento en que son violatorias de las leyes, las redadas siembran la alarma social, el terror y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, autoridades y funcionarios que por ley deben ser los primeros en proteger a la ciudadanía y respetar los preceptos legales. Al carecer de fundamentación jurídica para su ejecución, las redadas colocan a los ciudadanos ante una vida de inseguridad por el temor constante de ser sujetos de arresto por transitar a altas horas de la noche o por la indumentaria o arreglo personal o apariencia física. De esta manera, los arrestos masivos imponen un virtual estado de sitio en contra de la ciudadanía pacífica y desprotegida.
Es del conocimiento público el trasfondo coercitivo de tales medidas. Numerosas notas informativas en la prensa nacional dan fe de ello. El abuso de autoridad en que se incurre al ejecutar las redadas no es gratuito ni está fundamentado en la buena fe o en el error; representa un tosco subterfugio para el chantaje, el robo, el maltrato físico, la detención ilegal y la extorsión institucionalizada. Prueba de ello es la selectividad de los sectores a los que se aplica la redada; contra los obreros y ciudadanos que por causa de necesidad se ven obligados a transitar por las calles de la ciudad a altas horas de la noche, contra los desempleados a los que la DGPT ha tipificado como "vagos"; contra los homosexuales, los travestís y las prostitutas.
Se aduce en la DGPT que las redadas se efectúan para "brindar protección a la ciudadanía", para "defender la moral pública". Sin embargo, los resultados que las razzias producen son todo lo contrario de lo que las pretende justificar. Son violentas y autoritarias. Durante su ejecución se despoja a los detenidos de sus pertenencias, se les golpea, humilla y somete a una serie de vejaciones inmorales que convierten a la policía en un verdadero enemigo público, imponen la ley de la selva en la ciudad y la convierten en una de las más peligrosas e inseguras del país. La Constitución se convierte en letra mu**ta y las únicas leyes que rigen son las del autoritarismo, la pi***la policial, el terror y la extorsión, en consecuencia y
CONSIDERANDO QUE:
-Las redadas violan lo estipulado expresamente en los artículos 11, 14 y 16 constitucionales, fundamentados en la filosofía de consagrar los derechos ciudadanos, proteger al débil contra el poderoso, presentar una visión civilizada de la convivencia ciudadana;
-Las redadas carecen de fundamentación jurídica pare su ejecución;
-Representan abusos de autoridad que afectan a todos los ciudadanos y no sólo a aquellos que las sufren directamente;
-Su imposición violenta y arbitraria ha creado un clima de inestabilidad y desconfianza que necesariamente afecta el pleno ejercicio de las libertades civiles y los derechos políticos cuya protección se proclama como inviolable en las más altas esferas gubernamentales de nuestro país;
-La violencia ejecutada por la policía en lugares públicos y los arrestos consecuentes minan y ridiculizan las garantías individuales que el poder público reconoce como inherentes e indispensables para nuestro régimen de derecho;
-De acuerdo al principio de legalidad mediante el cual el Estado solamente puede hacer lo que le está expresamente permitido en los contratos sociales y legales, leyes y reglamentos vigentes
PEDIMOS A USTED, C. GENERAL DE DIVISIÓN ARTURO DURAZO MORENO QUE, EN SU CALIDAD DE JEFE DE LA POLICÍA Y TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL, ORDENE LA INMEDIATA Y PERMANENTE SUSPENSIÓN DE LAS REDADAS POLICIACAS CONTRA LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL.
Así mismo comunicamos a Usted que esta petición se fundamenta en nuestro genuino deseo por manifestar libre y abiertamente nuestra inconformidad cívica y política así como en nuestra determinación por hacer de la defensa de nuestros derechos políticos y civiles un instrumento para acabar con las condiciones de inseguridad que actualmente privan en nuestra ciudad y hacer que las instituciones encargadas por velar por la seguridad de la ciudadanía acate la ley.
Hacemos de su conocimiento nuestra decisión de hacer llegar esta petición formal ante las más altas autoridades de nuestro país, a las instancias jurídico-políticas de representación ciudadana, así como a foros nacionales e internacionales de denuncia y defensa de los derechos humanos, civiles y políticos a fin de garantizar el pleno cumplimiento de lo estrictamente legal.
En espera de una respuesta expedita y afirmativa, quedamos de Usted
ATENTAMENTE
Juan Jacobo Hernández Chávez
FRENTE HOMOSEXUAL DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA
Max Mejía Solorio
GRUPO LAMBA DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL
Yan María Castro Godoy
GRUPO AUTÓNOMO DE LESBIANAS OIKABETH
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y PERSONAS QUE APOYAN ESTA PETICIÓN
Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM)
Lucha Feminista
Frente Nacional Contra la Represión, Sección Valle de México
Corriente Socialista
Círculo Once, Revista Gay Mexicana
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Campamento 2 de Octubre
Organización Nacional de Estudiantes (ONE)
Revista FEM
Partido Comunista Mexicano (PCM)
Partido Obrero Socialista (POS)
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAIS)
Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (GAMU)
Frente Nacional por la Liberación y los Derechos do las Mujeres (FNALDIM)
Marta Lamas
Comité de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sección Oaxaca
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sección Puebla
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sección Aguascalientes
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sección Cd, Nezahualcóyotl
cc, C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic, José López Portillo,
cc. C. Prof. Enrique Olivares Santana, Secretario de Gobernación
cc. C. Lic, Agustín Alanís Fuentes, C. Procurador de Justicia del D.F.
cc. C Prof. Carlos Hank González, Jefe del Departamento del D.F.
cc. Organizaciones Políticas, Sindicales del país.
cc. Medios masivos de comunicación.