25/06/2025
AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTERALES
YPFB Y PETROBRAS CONTINUAN CON EL PROCESO PENAL CONTRA LOS DEFENSORES DE LA RESERVA DE TARIQUIA
Este martes 24 de junio, 11 comunarios Defensores de la Reserva de Tariquia enfrentan una audiencia de Medidas Cautelares solicitada por la fiscalía de Entre Ríos (cuatro mujeres y siete varones), por el fiscal Beimar Farfán Vera.
La imputación formal a denuncia de Marco Carlos Navarro Morales, Asesor de YPFB que se presenta como víctima junto a PETROBRAS Bolivia, representado por Leonardo Vargas Guzmán, refiere a la existencia de elementos que los imputados no se someterán al proceso u obstaculizarán la averiguación de la verdad. Sin embargo, según el relato de los denunciados e imputados, ellos se presentaron a todas las audiencias convocadas de desde que la denuncia fue presentada en el mes de octubre del 2024.
ANTECEDENTES
En la etapa de investigación preliminar se realizaron 4 oportunidades de desfile de identificación, no realizadas por diferentes motivos; falta de notificación, falta de presencia policial, entre otros, pero con la correcta asistencia de los denunciados.
Cumplida la etapa de la investigación preliminar, la denuncia fue rechazada en primera instancia; decisión que fue objetada por Yacimientos ante la Fiscalía Departamental, y la titular de esta instancia, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, la cual revocó el rechazo. Ante esto la fiscalía de Entre Ríos, volvió a notificar en dos ocasiones a los denunciados para el desfile identificativo en cámara GESELL.
En total salieron a seis audiencias, alguna de ellas con problemas como demoras por logística. A esto se tienen comentarios como estos: “Cada vez nos hacen salir de nuestras comunidades y de gana, uno deja todo y tiene que viajar desde las dos de la mañana para llegar a tiempo y los suspenden”, “Tenía miedo entrar, estuve casi como una hora ahí, y me colocaron unos números como les ponen a los maleantes en tele, me sentí muy mal”, decía Martina, una de las mujeres defensoras judicializadas.
COMUNARIOS DEFENSORES DE DERECHOS SON PROTEGIDOS POR NORMAS INTERNACIONALES DE DDHH
En este marco la defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que recuerda al Estado, la ratificación del Acuerdo de Escazú, en cuanto a la observancia Constitución Política del Estado, la existencia de leyes, derechos de la Madre Tierra, desarrollo Integral para Vivir Bien y normativas que protegen los derechos a un medio ambiente sano y reconoce los derechos de los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú, del que el Estado Plurinacional de Bolivia es firmante, es una herramienta clave para la protección de los defensores ambientales en torno a los derechos de acceso a justicia, acceso a información y derecho a la participación pública en decisiones ambientales. El acuerdo busca garantizar la seguridad de los defensores, prevenir agresiones y brindarles acceso a mecanismos de protección.
LA CIDH ATENDIO EL CASO DE DEFENSORES DE TARIQUÍA
El pasado 7 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atendió en una audiencia pública la problemática de la criminalización a los Defensores ambientales en Bolivia, escuchando principalmente a mujeres comunarias de Chiquiacá, que defienden la Reserva Natural de Tariquía frente a la imposición de proyectos hidrocarburíferos.
En dicha audiencia, varias altas autoridades de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, entre ellos cuatro Comisionados de la CIDH, el Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, el Defensor del Pueblo de Bolivia y un representante de la Oficina e Sudamérica del Alto Comisionado de la ONU sobre DDHH, se pronunciaron cuestionando de alguna manera el uso del derecho penal para frenar o reprimir las legítimas acciones de defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales.
