04/12/2025
Caso Malvinas: Gobierno responsable por graves violaciones a los derechos humanos
El 8 de diciembre de 2024, un grupo de 11 adolescentes regresaba a sus casas en la comunidad “Las Malvinas” de Guayaquil, tras jugar fútbol. Al llegar a la avenida 25 de Julio, fueron interceptados por una patrulla militar compuesta por 16 miembros de la Fuerza Aérea del Ecuador, (FAE), quienes en dos camionetas oficiales los detuvieron arbitrariamente. De ese grupo, cuatro menores —Josué (14 años), Ismael (15), Steven (11) y Saúl (15)— fueron subidos a las camionetas mientras,
según imágenes de cámaras de vigilancia, eran agredidos. Estos nunca volverían a su casa, por que fueron desaparecidos y posteriormente asesinados.
Inicialmente la causa fue investigada como secuestro. Pero la evidencia —video vigilancia, prendas encontradas en Taura (camisetas, zapatos, bóxer) y testimonios— terminaron vinculando el caso a una presunta detención arbitraria por parte de la Fuerza Aérea.
El 24 de diciembre de 2024, una jueza reconoció oficialmente la desaparición forzada de los cuatro menores, bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano. Ese mismo día, la Policía encontró varios cuerpos calcinados en un manglar en Taura; tras análisis forenses, el 31 de diciembre fueron identificados como los cuatro chicos de Las Malvinas. La Fiscalía, a través de su Unidad Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza, formalizó cargos contra dieciséis militares implicados. Un juez decidió prisión preventiva para los acusados.
La gravedad del caso y la indignación social fue generando la coordinación de acciones como la “Mesa de Solidaridad por los cuatro adolescentes de Las Malvinas”, integrada por organizaciones afrodescendientes, comunitarias, de derechos humanos, artistas, iglesias y colectivos civiles, que emitieron pronunciamientos exigiendo verdad, justicia y reparación integral. El 26 de diciembre el Gobierno, a través del ministerio correspondiente, creó un Comité de Respuesta Integral, con el fin de coordinar acciones para asegurar garantías de derechos a las víctimas y sus familias, el mismo que ha tratado de ocultar y poner trabas a las investigaciones.
Aunque la Fiscalía presentó cargos y se establecieron medidas cautelares, el proceso enfrentó múltiples demoras. Pese a ello, la presión de las organizaciones de derechos humanos, así como la indignación de la comunidad, llevó a que se inicie la audiencia de juicio el 5 de noviembre de 2025 contra 17 militares (16 procesados como presuntos autores directos y un teniente coronel como presunto cómplice en el caso de desaparición forzada). Según reportes de la prensa, los
testimonios de los militares narran un escenario macabro de golpes, ultrajes y torturas, que fueron víctimas los niños.
Este lamentable caso reavivó las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, especialmente en zonas de la Costa. Según la organización Amnistía Internacional se conoce que han recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, año en que el presidente Noboa comenzó su primera administración, de los cuales 8 han sido encontrados sin vida. Existen 22 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo al campesino esmeraldeño, Oscar Cortez, quien fue asesinado por las Fuerzas Armadas en Minas Viejas-Esmeraldas, el pasado 23 de noviembre. Durante el paro nacional de septiembre y octubre, las fuerzas armadas ejecutaron a Efraín Fuerez y a José Guamán, así como Rosa Paqui murió en la represión por asfixia. A estas cifras, se suman las 600 personas privadas de libertad que han sido asesinadas en el sistema carcelario.
El caso Malvinas, evidencian las responsabilidades del gobierno y la cúpula militar en las violaciones de los derechos humanos en el país.
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