31/01/2022
Comunicado📢
Somos psicologxs, abogadxs, medicxs y profesionales abocados a la infancia autoconvocadxs frente a una realidad compleja que requiere de intervención colectiva, y que confirma la defensa y acompañamiento de profesionales que sufren violencia a raíz del ejercicio idóneo de la profesión y de intervenciones que intentan priorizar el interés de niños, niñas y adolescentes.
Desde este colectivo de profesionales queremos visibilizar y poner en evidencia las estrategias criminales que son llevadas a cabo actualmente contra lxs defensores de la infancia, dejando una vez más, a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual totalmente desprotegidxs.
Hace varias décadas venimos sufriendo ataques los cuales se encuentran cada vez más organizados para garantizar el silencio de las víctimas. Nos enfrentamos al accionar de abogadxs defensores de agresores sexuales, en su mayoría padres que han sido alejados de sus hijxs por causas judiciales –en algunos casos por denuncias de incesto paterno filial– cada vez más especializadxs que han desarrollado una crítica sistemática de las prácticas investigativas, de las técnicas terapéuticas, y de la evidencia resultante de las investigaciones, así como sus propios cuadros de “testigos expertos”
Sabemos que 1 de cada 5 niños, niñas o adolescentes es abusado/a sexualmente en la infancia y esto ocurre generalmente dentro de su entorno cercano. La mayoría de los casos no son denunciados y cuando se lo hace, la estrategia consiste en no solo en descreer la voz de los niños, niñas o adolescentes, con un total desinterés por comprenderlos y escucharlos con claridad, minimizar la gravedad del delito de abuso y desconocer el reclamo de las madres protectoras, con una visión misógina y discriminatoria; sino que además no persiguen otro fin más que desprestigiar y perseguir a las y los profesionales que trabajan en la temática.
Se conoce internacionalmente como backlash, una práctica que consiste en críticas, amenazas y denuncias hacia profesionales que se dedican a la protección de la infancia.
La mayoría de los casos de Backlash contra los/las profesionales que protegen a las infancias, los vemos desde varones adultos acusados de violencias graves y/o abusos sexuales en perjuicio de sus hijos o hijas menores de edad en donde las pericias e informes validan la existencia de abuso y pueden establecer la verosimilitud del relato.
Confirmamos desde la puesta en marcha de la Convención de los Derechos del Niño una y otra vez que los niños no mienten cuando relatan agresiones sexuales padecidas.
Durante este último tiempo, vimos una avanzada de asociaciones de estos criminales que disfrazados de “grupos de progenitores / as que experimentaron conflictos familiares devastadores” se encargan de despotricarnos, atacarnos, calumniarnos en redes sociales y medios de comunicación masivos poniendo nuestros datos personales y llevar a cabo ataques mafiosos en donde ponen en peligro nuestra vida. Sufrimos golpes, atentados en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, escraches e incluso denuncias penales falaces con lo que intentan manchar nuestro ejercicio profesional.
Esto nos pone en un gran riesgo ya que venden un discurso falso bajo el lema de que se toma de rehenes a sus hijxs o se obstruye el vínculo. Todo esto está financiado por el movimiento pedófilo para poder seguir naturalizándose, propagarse y mantenerse impune, que día a día obtienen nuevos adeptos que se sienten identificados con estos criminales.
No son víctimas, son violentos y abusadores, que fueron objetos de sospecha de delitos graves.
El compromiso de los profesionales involucrados en esta problemática es grande e inclaudicable. NO SOMOS COMPLICES DE ABUSADORES. NO VAMOS A ENCUBRIR A VIOLADORES Y PEDOFILOS.
Este brutal ataque tiende a: desarticular los logros conseguidos y a eliminar y disuadir a quienes lo sostienen, llevar al campo de la disputa ideológica un problema que es teórico y que atraviesa a los discursos jurídico y psicosocial, a la ética y a la sociedad en su conjunto, desmantelar los servicios asistenciales abiertos para estos fines, condenarlos a una existencia encapsulada o reducirlos a su mínima expresión.
Con ello se pretende:
Invalidar las denuncias;
Convertir en sospechoso a todo denunciante de abuso sexual;
Diluir los límites que separan a víctimas de victimarios;
En síntesis, se intenta invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege, buscando reforzar la violencia vigente y condenar a perpetuidad a todx niñx que sufre, a la vez que pretende llevar a la impotencia a lxs profesionales que hasta ahora, llevan en bastante soledad la pesada carga de sostener la protección de las víctimas, con escaso o inadecuado apoyo institucional.
Es necesario que la sociedad entienda que las denuncias que se realizan no son por causas de divorcio, sino que son por crímenes aberrantes tales como el incesto, el abuso sexual en la infancia y la violencia contra las niñeces. Además de la existencia de la OBLIGATORIEDAD DE LA DENUNCIA.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos de Maltrato hacia la infancia se ve reforzado por la norma constitucional del artículo 19.2 de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (Art. 75 inc. 22, Constitución Nacional) que establece: “1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Estas medidas de protección deberán comprender, según corresponda procedimientos eficaces, para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación de los casos antes descriptos de malos tratos al niño, y según corresponda, la intervención judicial”
Sumado a toda esta persecución nos encontramos con la complicidad del Poder Judicial y los órganos colegiados de cada una de las profesiones que aceptan las denuncias de estos delincuentes y avalan sus estrategias nefastas.
La justicia no quiere ver los abusos sexuales en la infancia. Es necesario que todos los actores que intervienen se encuentren capacitados para el abordaje en las infancias.
En el ámbito judicial, generalmente se invoca el SAP. Esta pseudoteoría sin fundamento científico y con un amplio rechazo por la comunidad científica, organizaciones especialistas en infancia y organismos de DDHH, que además expresaron su preocupación por los fallos judiciales que lo utilizan de forma velada permanentemente para llevar adelante revinculaciones forzadas y en muchos casos quitarles a las madres el cuidado personal de lxs chicxs para otorgárselo a los padres abusadores, como si el niñx pudiera inventar o no describiera sólo lo que vive. Cuando el SAP inspira las pericias técnicas o las decisiones de las y los funcionarios o jueces se violenta ostensiblemente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, como lo indica la Convención y la Ley N°26.061, se los estigmatiza como “fabuladores”, y se niega su condición de sujetos de derecho. Las creencias conservadoras de numerosos integrantes y equipos del Poder Judicial no pueden imponerse cuando estas cuestionan los derechos humanos y de la infancia.
Esto es claramente un avance en sentido contrario a los progresos alcanzados después de tantos años de trabajo por la visibilización del fenómeno. Queremos ejercer nuestra profesión en libertad y en pos del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Necesitamos centros de acceso a la justicia adecuados para que los casos sean abordados por un profesional capacitado, en espacios dónde las infancias cuenten con esparcimiento, ventilación, juegos y todo tipo de elementos necesarios para poder proyectar sus vivencias.
Es URGENTE la inmediata implementación de Políticas Públicas en situaciones de Abuso Sexual en las Infancias para la prevención, detección temprana, abordaje integral y protección de los profesionales que resisten. Es clave que las instituciones y el aparato estatal protejan a quienes protegen.
Exigimos respeto por los Derechos Humanos y por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Exigimos al Poder Judicial de la Nación un cambio URGENTE en el tratamiento de los casos de ASI. Capacitación y concientización de la complejidad de los casos en esta temática
BASTA de un sistema Judicial que solo asegura la impunidad para los autores de graves delitos como el abuso sexual y violencias contra las infancias.
Basta de invisibilizar la realidad de los niños, niñas y adolescentes que son ABUSADXS por adultos y garantizar la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad.
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