07/04/2020
Por un impuesto extraordinario a las grandes riquezas
Para enfrentar la emergencia sanitaria y social
La pandemia del Covid-19 impacta en todo el mundo con más de un millón de personas infectadas y decenas de miles de muertes, exponiendo por un lado la destrucción sobre los sistemas de salud operados durante décadas de vaciamiento y privatización y, por otro lado, la defensa de las ganancias empresarias por sobre la salud y los derechos de los pueblos.
La propagación del llamado coronavirus no sólo tiene un enorme costo en términos de muertes, sino en su costado económico, con millones de despidos y una enorme cantidad de trabajadorxs precarizadxs o informales que dejarán de percibir los pocos ingresos con los que contaban.
En nuestro país, a diferencia de la política de Trump o Bolsonaro, la cuarentena obligatoria fue dictada rápidamente por el gobierno nacional para evitar una escalada de contagios. Esta medida, necesaria como una condición para evitar un pico, expone directamente la realidad de una economía que ya atravesaba un estado crítico con más del 40% de trabajadorxs precarizadxs y millones de jubiladxs, pensionadxs y beneficiarxs de programas sociales que no alcanzan la linea de pobreza a pesar de las sumas fijas anunciadas por el gobierno. Con un sistema de salud fuertemente vaciado y con trabajadorxs sin recursos. También se ha mostrado que la consigna es de imposible aplicación en barriadas hacinadas sin acceso a los recursos más básicos y cuya respuesta no puede ser el reforzamiento de las fuerzas represivas o el Ejército, que como viene documentando Correpi en sus informes periódicos de aplicación del DNU 297/2020, trajeron como consecuencia el aumento de hechos represivos que van desde detenciones arbitrarias de personas que realizaban actividades permitidas, hasta hechos de imposición de tormentos o uso de armas de fuego. A esto también se suma el crecimiento de las situaciones de violencia machistas, con más de 18 femicidios en estos 18 días de cuarentena.
Pero, por si esto fuera poco, las grandes empresas cuyos CEO's integran los rankings de los más ricos del país buscan descargar la crisis sobre lxs trabajadorxs con despidos masivos, suspensiones o rebajas salariales, ignorando incluso el DNU que los prohíbe. Es decir que buscan aprovechar una crisis sanitaria que pone en riesgo la salud del conjunto de la población para resguardar sus extraordinarias ganancias que, con un minimo porcentaje, podrían aportar cuantiosos recursos a enfrentar la crisis sanitaria y social.
Desde Poder Popular promovemos que sean los grandes empresarios como Techint, Perez Companc, Bulgheroni, Roemmers y todos los grandes holdings que han amasado ganancias millonarias quienes financien los costos de la cual crisis con un impuesto extraordinario del 3% a sus grandes fortunas que permitiría recaudar entre U$D 3.000 y U$D 4.000 millones.
También planteamos la suspensión inmediata del pago de la deuda externa y la investigación de la fuga de capitales con la repatriación de sus bienes.
Por el cumplimiento efectivo de la prohibición de despidos y suspensiones, ninguna rebaja salarial. Subsidio universal de emergencia acorde al costo de vida para desocupadxs, jubiladxs, informales y beneficiarixs de AUH.
Por comités barriales y vecinales para organizar la solidaridad popular, fuera la policía y el ejército de nuestros barrios.
Emergencia contra la violencia machista con un subsidio económico y disposición urgente de plazas hoteleras y propiedades ociosas para la implementación de refugios para mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries.
