21/05/2020
Que la crisis sanitaria y social la paguen los que más tienen
A más de dos meses de iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, si bien se logró contener un avance acelerado del Covid-19 a diferencia de países como Brasil, nos acercamos al pico de contagios con una situación alarmante particularmente en las barriadas populares, y un agravamiento de la crisis social con millones de despidos y suspensiones, rebajas salariales y pagos en cuotas. Se suma a su vez un aumento de la pobreza pronunciado por la pérdida de las changas como fuentes de ingreso que evidencia una situación estructural de profunda desigualdad. Ante eso, la implementación de los protocolos barriales dispuesto por las organizaciones populares es imprescindible junto a respuesta de fondo por parte del estado como garantizar condiciones dignas de alojamiento y los servicios públicos.
Las grandes empresas se han valido de la crisis producida por la pandemia para avanzar en una ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora con la colaboración de la CGT. En ese marco, la disposición del gobierno de pagar parte del salario de trabajadorxs para evitar despidos se ha convertido en un subsidio para las patronales que han ganado fortunas y cuyos CEO's se encuentran entre los más ricos del planeta, y que incluso se encuentran reduciendo sueldos o despidiendo actualmente. Esta situación es diametralmente inversa a la de jubiladxs y beneficiarixs del IFE que han percibido sumas insuficientes y con gran demora. El estado debe intervenir en las empresas que especulan con los precios o con despidos y rebajas salariales y ponerlas bajo control del interés público. También debe garantizarse jubilaciones y un subsidio universal para precarizadxs y desempleadxs acorde al costo de vida.
Lo mismo ocurre con el sistema de salud que debe ser unificado bajo control estatal con participación de sus trabajadorxs para revertir la situación de profundo vaciamiento y precarización.
En los hechos, la ofensiva patronal ha ido imponiendo una flexibilización de la cuarentena que viene acompañado de un crecimiento de los conflictos. En sentido opuesto, sectores de trabajadorxs, movimientos sociales y organizaciones feministas han salido a la calle a reclamar por sus reivindicaciones urgentes que no se pueden demorar para un cumplimiento digno del aislamiento obligatorio. También advertimos del recrudecimiento de las situaciones represivas en las barriadas que no pueden ser la respuesta a la crisis.
A pesar esta coyuntura, el gobierno nacional ha continuado con las negociaciones para reprogramar los pagos de la deuda externa. Los fondos de inversión rechazaron una oferta ya de por sí muy beneficiosa y presionan por más concesiones por parte del gobierno que sigue estirando los plazos para un acuerdo. La convalidación de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa hipoteca el futuro del desarrollo del país. En momentos de profunda crisis internacional, donde las deudas externas han entrado en discusión, es fundamental la suspensión de pagos y una auditoría integral para investigar qué ocurrió con esa deuda y la fuga de capitales récord ocurrida en el último periodo.
Del mismo modo, la justeza de un impuesto a las grandes fortunas en este escenario de crisis extraordinaria no podría estar más vigente. Si bien el tema se encuentra en la agenda pública, hasta el momento sólo el Frente de Izquierda-Unidad presentó un proyecto para gravar a las grandes riquezas. Hay un amplio apoyo popular a una medida en ese sentido. Desde Poder Popular impulsamos la aprobación inmediata de un impuesto a quienes concentran la riqueza que produce el pueblo de nuestro país como un paso positivo para avanzar en medidas que reviertan los pilares estructurales de saqueo y miseria del modelo capitalista en su fase neoliberal.
Al mismo tiempo, acompañamos a todos los sectores que pelean por sus derechos y reivindicaciones y promovemos construir la mayor organización y solidaridad de nuestro pueblo a través de todas las iniciativas que surjan para enfrentar la crisis.
La profunda crisis social y sanitaria que atravesamos reclama medidas que avancen sobre el capital concentrado y sectores estratégicos de la economía poniendo sus recursos y medios a disposición del bienestar del conjunto de la sociedad.
