03/08/2025
“Vetaron la ley, no la dignidad: un país no se construye dejando a su gente atrás”
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Por Emiliano Szlaien - Fundación Alma Humana
Hay decisiones que no se miden solo por el impacto económico o político. Hay decisiones que nos definen como sociedad. El veto del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en materia de discapacidad y jubilaciones no es simplemente un acto administrativo. Es una declaración de principios. Una declaración que, en este caso, hiere. Hiere porque niega el reconocimiento del dolor. Porque antepone una lógica fiscalista al imperativo ético de no abandonar a quienes más nos necesitan.
En un país donde casi el 60% de las personas con discapacidad vive bajo la línea de pobreza, hablar de “casta” mientras se recortan derechos a quienes ni siquiera tienen garantizado el acceso a una silla de ruedas, una medicación o una pensión básica, no es solo contradictorio. Es cruel. La verdadera casta no está en quienes necesitan del Estado para sobrevivir. Está en quienes, desde el privilegio, deciden que no es urgente lo urgente.
Como sociedad, no se nos está pidiendo un lujo, se nos está exigiendo una justicia postergada. Esta ley vetada no creaba privilegios; venía a reconocer una emergencia real, visible en cada hospital colapsado, en cada persona sin acompañamiento terapéutico, en cada adulto mayor que elige entre comer o comprar sus remedios. La emergencia no es discursiva, es tangible. Y se siente en el cuerpo de quienes ya no pueden más.
Desde el punto de vista constitucional, negar la protección reforzada a personas con discapacidad y a jubilados va contra el principio de igualdad real que nuestra Carta Magna garantiza. Pero más allá de lo legal, lo que está en juego es lo humano. Porque el modo en que tratamos a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad revela quiénes somos como Nación.
Los números pueden cerrar. Pero cuando lo hacen a costa de vidas humanas, de trayectorias truncadas, de proyectos de vida que se apagan, entonces no estamos hablando de eficiencia: estamos hablando de una ética rota.
Nos quieren convencer de que la única forma de avanzar es recortando. Que no hay alternativa. Que el mercado es el mejor juez de lo que vale una vida. Pero no hay mercado que sepa medir el valor de un abrazo contenido, de una terapia que logra que alguien se exprese por primera vez, de un abuelo que, gracias a un subsidio, logra calefaccionar su casa en pleno invierno.
Quienes trabajamos todos los días codo a codo con personas con discapacidad lo sabemos: no se trata de asistencialismo, se trata de derechos. No se trata de pedir limosnas, sino de garantizar ciudadanía plena. Y esto no es ideología. Es humanidad.
No podemos permitir que se naturalice lo inadmisible. No podemos aplaudir discursos incendiarios mientras se apagan las voces de quienes han sido históricamente postergados. Este veto no es técnico. Es político. Y como tal, interpela. No a los partidos. A todos nosotros.
Si un país decide abandonar a sus mayores y a sus personas con discapacidad, entonces ese país no tiene futuro. Porque un país que no cuida a quienes más lo necesitan, no se cuida a sí mismo.
Hoy, más que nunca, nos toca elegir de qué lado de la historia queremos estar. Y yo elijo estar del lado de quienes no se rinden. Del lado de quienes siguen esperando no caridad, sino justicia. Del lado de quienes, aun vetados, siguen luchando con dignidad.
