LEXIR Colombia

24/02/2026

📌¿𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐠𝐚𝐝𝐨? 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐜𝐚𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨: 𝐥𝐚 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚.

🚦En la providencia AC739-2026, la Sala de Casación Civil sancionó a un apoderado que citó precedentes inexistentes generados por IA sin verificarlos. El mensaje es contundente: las “alucinaciones” no eximen; quien firma responde. Siempre.

⤷Nain Felipe Ruiz Barrrios —Asesor Laboral en Álvarez Liévano Laserna Abogados, Especialista en Derecho Laboral por la Pontificia Universidad Javeriana y abogado de la Universidad Externado de Colombia— ofrece una lectura de alto nivel: en derecho, las fuentes no solo respaldan el sistema, lo constituyen. Citar una sentencia apócrifa es alterar el marco normativo del litigio.

22/02/2026

📌¿𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝… 𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐥í𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬?

La discusión ya no es teórica.

🚦Aunque en aún no se ha incorporado la responsabilidad penal de la persona jurídica, el régimen administrativo vigente —especialmente tras la Ley 2195 de 2022— permite sancionar a las empresas cuando existe un “defecto de organización” o una ausencia efectiva de controles de prevención.

↱En este contexto, José Miguel Lomanto Frias desarrolla un análisis riguroso sobre cómo hoy el sistema se estructura en dos ejes simultáneos:
la responsabilidad administrativa de la empresa ante la Superintendencia de Sociedades y la responsabilidad penal individual de directivos o colaboradores ante la .

Egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, integrante de Martínez Consultores S.A.S., y con una práctica centrada en Económico y Corporate , Lomanto explica que la sanción no depende exclusivamente de la existencia de un delito, sino también de la incapacidad de demostrar una cultura de cumplimiento eficaz.

𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢ó𝐧 𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚: 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚.

En el nuevo entorno regulatorio, el Compliance no es un gasto. Es prueba, cultura y estrategia de defensa.

El Compliance deja de ser un gasto para convertirse en el activo más valioso de defensa jurídica y reputacional. José

22/02/2026

📌¿𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫á𝐧𝐝𝐨𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 “𝐛𝐮𝐞𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧” 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐣𝐞𝐧𝐨𝐬?

La conversación jurídica en Colombia acaba de dar un giro definitivo con la sentencia 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐞𝐥𝐨 de febrero de 2026. Un fallo que no solo resuelve un caso emblemático, sino que consolida una transformación estructural en la de quienes administran activos y toman decisiones por cuenta de terceros.

🚦Lo que durante décadas se midió bajo la clásica diligencia del “buen padre de familia”, hoy se examina bajo un estándar técnico, objetivo y profesional: el del buen hombre de negocios. La evolución iniciada con la Ley 222 encuentra ahora en Torres del Cielo una síntesis madura y contundente.

⤷En este análisis, Jose Elias Del Hierro Hoyos no se limita a describir la sentencia. Desde la dirección de Del Hierro Abogados y con la solidez de su formación —abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes - Colombia y Magíster en Derecho Civil y Obligaciones por la Panthéon-Assas université-Assas Paris II— aporta una lectura rigurosa, técnica y profundamente estructurada del cambio de paradigma.

↱ Su trayectoria en derecho comercial, societario y financiero, sumada a su experiencia como árbitro y litigante en asuntos civiles y administrativos, le permite abordar el fallo con una perspectiva que combina teoría, práctica y visión estratégica.

✍️El núcleo del es claro: el contemporáneo ya no es un mero ejecutor contractual, sino un profesional obligado a actuar con pericia cualificada, información permanente y previsión técnica. La lealtad deja de ser una noción meramente ética para convertirse en una obligación técnica: anticipar , verificar condiciones materiales y proteger activamente los intereses gestionados.

La sentencia 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒊𝒆𝒍𝒐 no amplía simplemente la responsabilidad: redefine el rol del administrador en el ecosistema jurídico y empresarial colombiano.

"La sentencia Torres del Cielo marca el fin de la era del gestor pasivo: hoy, la ignorancia técnica no es

22/02/2026

📌¿𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐨 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨… 𝐬𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨?

La respuesta ya no es tan simple.

Mientras la Corte Constitucional, en la SU-111 de 2025, adoptó una postura estricta y casi absoluta, la Corte Suprema —en la SL2303-2025— introdujo un giro relevante: validó la transacción cuando no hay vicios del consentimiento ni evidencia de discriminación.

𝐃𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬. 𝐃𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧. 𝐔𝐧 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫í𝐝𝐢𝐜𝐚.

↱ En este análisis, Daniel Rodríguez Gómez, Asesor Laboral en Álvarez Liévano Laserna Abogados, desmenuza con precisión técnica este choque . Su formación como Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y en Derecho Tributario del Externado, junto con su base jurídica y formación en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, le permite ofrecer una lectura estratégica, rigurosa y profundamente estructurada del riesgo actual.

La conclusión no es alarmista, pero sí clara:
la estabilidad reforzada no es un derecho absoluto… aunque el precedente constitucional mantiene viva la tensión.

El debate apenas comienza.

(...) la SL2303-2025 se erige como un argumento defensivo relevante para sustentar la eficacia de mutuos acuerdos y transacciones con

22/02/2026

📌¿𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐜𝐫𝐨𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫?

En una industria como la —la más intensiva en mano de obra del agro colombiano, con entre 17 y 23 trabajadores por hectárea— la tensión entre , y no es teórica: es estructural.

🚦Quien pone este debate sobre la mesa es Juan Pablo Colom Rodríguez, abogado de servicios corporativos en la oficina de Bogotá de Holland & Knight LLP. Con una práctica enfocada en derecho laboral y resolución de conflictos complejos, ha asesorado sectores intensivos en trabajo humano, liderado procesos de reestructuración organizacional y representado clientes ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, la UGPP, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. Además, es profesor auxiliar en la Pontificia Universidad Javeriana.

⤷ Desde esa doble mirada —técnica y académica— analiza un fenómeno crítico: el aumento del 23,7% del salario mínimo y la revaluación del peso frente al dólar en un sector cuyos ingresos están dolarizados y cuyos costos laborales están en pesos.

𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫á:

• Por qué el salario mínimo actúa como multiplicador estructural del costo laboral
• Cómo la participación de la mano de obra puede pasar del 62% al 70% del costo operativo
• La tensión entre igualdad formal e igualdad material en sectores productivamente distintos
• El choque constitucional entre protección al trabajo y libertad de empresa
• La pregunta de fondo: ¿qué empleo puede protegerse si la empresa deja de ser sostenible?

No se trata de debilitar derechos, sino de reconocer que la uniformidad normativa puede producir efectos desiguales.

La discusión es jurídica, económica y constitucional. Y merece ser leída con rigor.

Si las empresas no son sostenibles, no hay empleos para proteger. Juan Pablo Colom Rodríguez Pocas industrias en Colombia evidencian

22/02/2026

📌¿𝐄𝐬 𝐥𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐜𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞?

En apariencia, sí. En la práctica, no. La diferencia entre prepago voluntario y prepago obligatorio responde a lógicas económicas distintas y a una asignación precisa de riesgos dentro de la financiación.

🚦En este análisis, Anthony Lugo, abogado del departamento Mercantil de Garrigues y egresado de la Universidad de los Andes - Colombia, explica con claridad cómo esta distinción impacta la estructura financiera del contrato y el equilibrio entre deudor y acreedor. Desde su práctica en asesoría corporativa y financiera, aborda el tema con una mirada técnica que combina derecho y lógica económica.

𝐄𝐥 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚:

• Por qué el prepago voluntario es una facultad del deudor y cómo la comisión compensa la afectación de la rentabilidad del acreedor
• La función de los límites legales (como el umbral de 880 SMMLV bajo la Ley 1555 de 2012)
• Cómo el prepago obligatorio opera automáticamente ante eventos previamente definidos
• El uso de ingresos extraordinarios para reducir exposición crediticia y preservar la relación deuda/capital
• El prepago como herramienta preventiva antes de que se configure un incumplimiento

La conclusión es contundente: el prepago voluntario introduce flexibilidad; el obligatorio gestiona riesgo. Confundirlos es desdibujar la lógica económica del contrato.

Mientras el prepago voluntario es una herramienta de flexibilidad para el deudor, el prepago obligatorio es un mecanismo de gestión

22/02/2026

📌¿𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐝ó𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥?

En Bogotá, el 𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 previsto en el artículo 352 del Decreto 555 de 2021 —concebido como una medida excepcional para salvaguardar con potencial valor cultural— ha comenzado a invocarse en el marco de nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas consolidadas.

Pero su alcance no es indeterminado.

🚦En este análisis, Laura Mesa Fonseca, Directora del área de Derecho Inmobiliario en Pinilla, González & Prieto Abogados, examina con rigor los límites jurídicos de esta figura y recuerda un punto esencial: solo procede cuando el inmueble no ha sido declarado , cuenta con condiciones objetivas para serlo y enfrenta un riesgo inminente que comprometa su conservación.

↱ No es un mecanismo para replantear debates sobre tipologías, alturas o impactos urbanos. Para ello existen las instancias de participación y los instrumentos propios del ordenamiento y del licenciamiento.

La seguridad jurídica en el desarrollo depende, en buena medida, de respetar la finalidad de las figuras excepcionales.

El amparo provisional solo procede cuando el bien tiene valores patrimoniales protegibles. Laura Carolina Mesa Fonseca Ante el desarrollo de

22/02/2026

📌¿𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞?

🚦En Colombia, el desembarco de marcas globales como Hilton y Marriott International ha abierto oportunidades atractivas para inversionistas locales. Pero detrás del prestigio, el know-how y la estandarización, hay una arquitectura contractual compleja que no siempre se ve a simple vista.

↳Ese es precisamente el foco del análisis que desarrolla Diego Alejandro Silva, con mención en derecho privado de la Universidad del Rosario y actual abogado de Derecho Corporativo en Pinilla, González & Prieto Abogados. Desde su experiencia asesorando a clientes de los sectores y , Diego aborda el contrato de franquicia hotelera con una mirada técnica, práctica y estratégica.

Su lectura es clara: la atipicidad de la en , la multiplicidad de contratos asociados y la rigidez de ciertas cláusulas —especialmente las de terminación anticipada y penalidades— convierten esta figura en un terreno que exige un análisis jurídico previo serio y detallado.

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬… 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫𝐥𝐚𝐬 𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.

Al tratarse de una figura poco regulada en Colombia, se recomienda un análisis jurídico previo a la inversión. Diego Alejandro

22/02/2026

📮𝐄𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 0042 𝐝𝐞 2026 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢ó 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐥𝐨𝐬 #𝐌𝐀𝐒𝐂 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚.

🚦Más que una actualización normativa, el nuevo marco reorganiza el sistema, fortalece el enfoque territorial y consolida la conciliación como una política pública real de acceso a la justicia. Ese es el eje del análisis que desarrolla Lorena Sanint Escobar, Asociada en la práctica de Resolución de Conflictos, Litigios y Arbitraje de Dentons Cardenas & Cardenas.

Con formación en la Pontificia Universidad Javeriana y especialización en Derecho Procesal Civil en la Universidad Externado de Colombia, Lorena ofrece una lectura técnica, clara y profundamente conectada con la práctica sobre cómo este decreto moderniza el sistema sin desmontarlo.

Un análisis indispensable para quienes trabajan con , y acceso efectivo a la justicia.

Con el Decreto 0042 de 2026, la conciliación se fortalece como una herramienta cercana, territorial e incluyente. Lorena Sanint Escobar

22/02/2026

📌¿𝐒𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚… 𝐨 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢ó𝐧 𝐣𝐮𝐫í𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨𝐬𝐚?

Durante años, la idea de excluirse —o incluso renunciar— a una acción colectiva ha circulado entre contratos, cláusulas estándar y prácticas empresariales. Pero el derecho colombiano ha sido claro: no todo lo que se firma es jurídicamente válido.

🚦Este es el punto de partida del análisis que desarrolla Lexir, al abordar con rigor técnico una pregunta clave del litigio colectivo contemporáneo: cuándo es posible renunciar o excluirse de una acción colectiva y cuándo esa renuncia choca frontalmente con el orden público constitucional.

Desde una lectura articulada entre la Ley 472 de 1998, la jurisprudencia constitucional y el control administrativo, el análisis pone al lector frente a una realidad jurídica compleja: la renuncia sí existe, pero opera bajo límites estrictos y diferenciados.

El texto muestra cómo, en las acciones de grupo, la exclusión o renuncia puede ser válida si es expresa, informada y libre; mientras que en las acciones populares, cualquier intento de renuncia resulta jurídicamente ineficaz. A esto se suma el papel decisivo de las superintendencias —en especial en relaciones de consumo— y el escrutinio reforzado sobre cláusulas de arbitraje o jurisdicción exclusiva.

𝐄𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫á𝐬:

✓La diferencia jurídica real entre renuncia y exclusión en acciones colectivas
✓Cuándo una renuncia sí produce efectos y cuándo es nula
✓El impacto de estas cláusulas en contratos de adhesión y de consumo
✓El rol activo de la Superintendencia de Industria y Comercio
✓Los límites absolutos derivados de los derechos colectivos irrenunciables

Porque en materia de acciones colectivas, la autonomía de la voluntad no puede vaciar de contenido el acceso a la justicia ni el interés general.

Redacción Lexir En Colombia, sí es jurídicamente posible renunciar o excluirse de una acción colectiva, pero no en todos los

22/02/2026

📌 𝐄𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐣𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞

↳ El 19 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia reconoció un laudo parcial internacional proferido por un tribunal con sede en y fijó una interpretación relevante sobre el alcance de la cláusula compromisoria en materia de costos arbitrales.

🚦En un administrado bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, la Corte confirmó que el anticipo de costos no es una carga procesal accesoria, sino una obligación contractual exigible, derivada tanto del convenio arbitral como del reglamento institucional incorporado por las partes. Su incumplimiento, precisó, genera un daño indemnizable susceptible de ser reclamado incluso mediante laudos parciales.

El análisis lo desarrolla Natalia Vanegas Lizarralde, abogada de y en Dentons Cardenas & Cardenas, desde una lectura técnica y estratégica que refuerza una idea central: las cláusulas compromisorias amplias habilitan a los tribunales arbitrales no solo para decidir el fondo del litigio, sino también las controversias vinculadas a la ejecución del propio convenio arbitral.

Una decisión que fortalece la previsibilidad, reduce el riesgo de paralización del procedimiento y consolida la eficacia del arbitraje institucional.

El pago de los costos anticipados del procedimiento arbitral es una obligación contractual exigible en virtud de la cláusula compromisoria.

22/02/2026

📌¿𝐐𝐮é 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 𝐩ú𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐦á𝐬 𝐫á𝐩𝐢𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚?

🚦En Colombia, los proyectos de infraestructura, energía y transporte siguen enfrentando un desafío estructural: la ocupación de bienes baldíos sin servidumbres formalmente reconocidas y con reglas poco claras para su regularización. El Acuerdo 530 de 2025 busca ordenar este escenario, pero también abre nuevas preguntas jurídicas relevantes.

↳Desde una lectura rigurosa y aterrizada a la práctica, Valeria Camargo Sanmiguel propone un análisis que no se queda en la norma. Como abogada de la Universidad del Rosario, con formación en derecho comercial en la Universidad de los Andes - Colombia y asociada del área de derecho inmobiliario y urbanístico en Dentons Cardenas & Cardenas, Valeria aborda el como lo que realmente es: un ejercicio de equilibrio entre seguridad jurídica, función social de la propiedad e interés general.

Su análisis muestra cómo el nuevo procedimiento para la regularización y formalización de servidumbres sobre baldíos fortalece la estructura normativa, pero al mismo tiempo deja abiertas tensiones importantes frente a ocupaciones históricas, permisos anticipados y la validación de hechos consumados en nombre del desarrollo.

📮𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫á𝐬:

1.El alcance real del nuevo procedimiento administrativo de servidumbres.
2. La diferencia jurídica y práctica entre regularización y formalización.
3. Los límites del rol de la ANT frente a ocupantes sin derecho jurídico.
4. Los riesgos sociales y financieros del permiso de intervención anticipada.
5. Las preguntas que quedan abiertas sobre gobernanza de la tierra pública.

Más que una solución definitiva, el Acuerdo 530 inaugura una nueva etapa de aprendizaje institucional sobre cómo intervenir la tierra pública sin perder de vista el orden jurídico ni la realidad territorial.

(...) el Acuerdo 530 de 2025 representa un paso importante hacia la organización y desarrollo del sector de tierras seguridad