29/01/2026
“El paseo de la muerte”: cuando la falta de camas y un sistema fallido condenan a los pacientes en Colombia.
Por: Carlos Alberto Piedrahita Gutierrez.
En Colombia, la expresión paseo de la muerte dejó hace tiempo de ser una metáfora periodística para convertirse en una experiencia cotidiana, reiterada y profundamente aterradora. Detrás de ese término se esconden cuerpos frágiles trasladados de hospital en hospital, ambulancias que recorren ciudades enteras buscando una cama inexistente, llamadas desesperadas de familiares que suplican por una remisión y pacientes que mueren en pasillos, salas de espera o camillas móviles mientras la burocracia decide si su vida es o no “admisible”. No se trata de hechos aislados ni de fallas excepcionales: es la manifestación más cruel de un sistema de salud estructuralmente desbordado, incapaz de responder a la alta carga de enfermedad y sostenido sobre un sistema de referencia y contrarreferencia que, en la práctica, no funciona.
Desde una perspectiva de salud pública, el paseo de la muerte representa una ruptura absoluta del principio de continuidad del cuidado. Un sistema que fragmenta al paciente, lo convierte en un expediente, lo traslada como un objeto administrativo y lo abandona en el tránsito entre niveles de atención, deja de cumplir su función esencial: proteger la vida. La falta crónica de camas hospitalarias —especialmente de cuidado intermedio y cuidado intensivo— no es un fenómeno reciente, sino el resultado de años de desinversión, mala planificación territorial y priorización del equilibrio financiero sobre la capacidad real de atención. En este escenario, la remisión se convierte en una carrera contra el tiempo que casi siempre pierde el paciente.
La situación se agrava cuando se observa la alta carga de enfermedad que enfrenta el país. Colombia envejece, y con ello aumentan las enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y metabólicas, muchas de ellas con desenlaces agudos que requieren atención oportuna y especializada. Sin embargo, el sistema sigue operando con una lógica diseñada para una población distinta, como si la demanda de servicios complejos no existiera o pudiera resolverse con trámites, autorizaciones y llamadas interminables. El resultado es perverso: pacientes mayores de 45 años, con condiciones potencialmente tratables, terminan muriendo no por la gravedad intrínseca de su enfermedad, sino por la imposibilidad de acceder a una cama, un medicamento o un especialista a tiempo.
El sistema de referencia y contrarreferencia, que debería articular la red de servicios y garantizar flujos ágiles entre niveles de atención, se ha transformado en uno de los principales factores de riesgo para la vida. En lugar de facilitar la atención, opera como un laberinto administrativo donde nadie asume la responsabilidad final. Los hospitales se declaran sin capacidad, las EPS dilatan decisiones, las IPS se protegen jurídicamente y el paciente queda suspendido en un limbo institucional. Esta lógica de “no es mi competencia” produce muertes evitables y normaliza una forma de violencia estructural que se ejerce desde el Estado y sus intermediarios.
Hablar de genocidio silencioso no es una exageración retórica. Es una categoría ética y política que permite nombrar una realidad incómoda: la muerte sistemática y previsible de personas por causas prevenibles, en un contexto donde existen los conocimientos médicos y tecnológicos necesarios para salvarlas. Lo silencioso no está en la ausencia de víctimas, sino en la ausencia de responsables visibles. Nadie dispara, nadie apuñala, pero el sistema —tal como está diseñado y gestionado— produce muerte de manera constante y sostenida, especialmente entre los más vulnerables.
El paseo de la muerte revela, además, una profunda desigualdad territorial. Mientras algunas ciudades concentran camas y servicios de alta complejidad, amplias regiones del país dependen de traslados largos, precarios y tardíos. La geografía se convierte en una condena adicional, y el lugar de residencia define las probabilidades de sobrevivir. En este sentido, el derecho fundamental a la salud se transforma en un privilegio condicionado por la capacidad instalada y la eficiencia administrativa de cada territorio.
Desde la salud pública, resulta inaceptable que la muerte ocurra en el tránsito, en la espera, en la autorización pendiente. Cada paciente que muere en una ambulancia o en un pasillo es un fracaso colectivo del sistema, no una fatalidad inevitable. Persistir en esta realidad implica aceptar que la vida puede ser administrada, aplazada o descartada según criterios financieros y operativos, lo cual vulnera de manera directa la dignidad humana.
En conclusión, el paseo de la muerte no es un accidente del sistema de salud colombiano: es una consecuencia lógica de su diseño, su gestión y sus prioridades. Mientras no se enfrente de manera estructural la falta de camas, la alta carga de enfermedad y el colapso del sistema de referencia y contrarreferencia, seguirán muriendo pacientes que pudieron vivir. Nombrar esta realidad con crudeza no es alarmismo; es un acto de responsabilidad ética. Porque en un país donde la muerte ocurre por trámites, la verdadera enfermedad no está solo en los cuerpos, sino en el sistema que decidió acostumbrarse a perderlos.
