25/01/2026
La participación de las mujeres en la política de Costa Rica representa una conquista larga y significativa, fruto de décadas de lucha por la igualdad de género. El primer paso concreto se dio el 30 de julio de 1950, cuando las mujeres votaron por primera vez junto a los hombres durante un plebiscito local que debía decidir si las comunidades de La Tigra y La Fortuna permanecían en el cantón de San Ramón o se anexaban a San Carlos. Aunque las comunidades finalmente se unieron a San Carlos, lo más relevante fue la igualdad en las urnas. Ese día, según el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), votaron 349 mujeres y 426 hombres. Entre ellas, Bernarda Vásquez, ama de casa de 32 años, es recordada como la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Costa Rica, convirtiéndose en un símbolo de la larga lucha por la paridad política.
El camino hacia este logro fue largo y lleno de obstáculos. Ya en los años 1880, los reformadores liberales habían planteado la idea de derechos de voto iguales, inspirados por los movimientos feministas internacionales, pero los derechos políticos para las mujeres seguían siendo limitados. En 1913, una reforma electoral propuesta por el presidente Ricardo Jiménez establecía el sufragio directo, secreto y universal, pero el sufragio universal femenino fue rechazado. En 1917, durante la dictadura de Federico Tinoco, la idea resurgió, permitiendo votar a ciertas mujeres, pero la propuesta fue rechazada por apenas cuatro votos. En 1920, otro intento de otorgar a las mujeres alfabetizadas el derecho a votar y postularse en elecciones municipales también fue archivado.
El sufragio femenino fue finalmente reconocido oficialmente el 20 de junio de 1949 por la Constitución de la Segunda República, con el 80% de los delegados a favor de la medida. En las elecciones nacionales de 1953, las mujeres no solo obtuvieron el derecho a votar, sino también a postularse, resultando elegidas las primeras parlamentarias: María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada, todas del Partido Liberación Nacional (PLN).
En los años siguientes se introdujeron reformas legislativas para fortalecer la representación femenina. En 1996, el Código Electoral obligó a los partidos a reservar al menos el 40% de los cargos internos y candidaturas a mujeres, aunque algunos partidos, como Acción Ciudadana, aplicaban por estatuto el 50%. En 2009, reformas adicionales elevaron el porcentaje mínimo de representación femenina al 50%, unificaron las elecciones municipales a mitad de mandato e introdujeron el voto en el extranjero, consolidando un marco legal que garantiza la paridad de género en la política.
Actualmente, la participación femenina en Costa Rica ha alcanzado resultados históricos. Desde 1994, al menos una de las vicepresidencias del país ha sido ocupada por una mujer de manera continua. En 1986, Rosemary Karpinsky se convirtió en la primera presidenta mujer de la Asamblea Legislativa y Victoria Garrón en la primera vicepresidenta mujer de la República. En 2010, Laura Chinchilla hizo historia al ser elegida como la primera presidenta mujer del país, marcando un hito fundamental en la política costarricense.
A nivel municipal, las reformas más recientes han llevado a un aumento significativo de la presencia femenina: en las elecciones municipales de febrero de 2024 fueron elegidas 22 alcaldesas, la cifra más alta de la historia, y en 14 cantones una mujer asumió el liderazgo local por primera vez. En total, las mujeres constituyen aproximadamente el 50% de los candidatos electos en los municipios, mientras que en la política nacional la representación femenina en el Parlamento supera el 45%. Costa Rica continúa promoviendo la paridad de género en la política mediante leyes e incentivos, con el objetivo de consolidar la participación equilibrada de las mujeres en todos los niveles de gobierno.
La historia del voto femenino en Costa Rica y los datos actuales demuestran cómo una lucha larga y constante puede traducirse en resultados concretos, otorgando a las mujeres un papel central en la construcción de la democracia y en la definición de las políticas públicas del país.
