04/11/2025
Reclamamos, con urgencia, a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España la actualización y adecuación de los precios de aseguramiento aplicados en la línea de seguro 312 de uva de vinificación del Plan de Seguros Agrarios Combinados. La razón es que las tablas oficiales que fijan los precios de referencia para el cálculo de indemnizaciones no reflejan la realidad de los mercados ni los costes reales de producción que afrontan las explotaciones andaluzas. En la práctica, los importes que perciben muchos viticultores tras un siniestro resultan manifiestamente insuficientes.
Desde UPA Córdoba hemos constatado situaciones en las que el precio aplicado para el cálculo de indemnizaciones es muy inferior al que se está pagando hoy en los mercados o al coste de producción por kilo de uva. Los observatorios oficiales regionales y estudios sectoriales muestran precios y costes muy superiores a las cifras que en la práctica se aplican en muchas comarcas: los precios efectivos en origen y los costes de producción por kilo sitúan frecuentemente el valor real de la uva por encima del umbral que cubren las indemnizaciones actuales. Esto provoca que, tras un siniestro, el agricultor reciba un importe que no le permite afrontar la reposición o compensar la pérdida real de renta.
Un ejemplo palmario es que, para la variedad Pedro Ximénez en la DO Montilla-Moriles, los precios de indemnización se ubican a día de hoy entre a los 0,37 y 0,48 € el kilo según medidas culturales aplicadas, cuando la realidad es que las liquidaciones en origen por el mismo kilo de uva pagados a agricultores se ubican en torno a los 0,90 €/kilo, apreciándose un claro desfase.
Técnicamente, las normas de la línea 312 establecen que el importe indemnizable se calcula aplicando al rendimiento declarado el precio de aseguramiento fijado para la Denominación de Origen o, en su defecto, los precios máximos/mínimos publicados en los anexos oficiales. Es decir: si el precio de aseguramiento está desfasado, la indemnización no refleja el valor real de la producción perdida. Esta regla, recogida en la normativa y en las condiciones especiales, convierte la fijación del precio en un elemento central para la protección económica del agricultor.