03/12/2025
Texto de Marialu Castro:
Hoy, 3 de diciembre, no celebramos: exigimos.
Porque la discapacidad no es una condición aislada, es una realidad que atraviesa al mundo y a México con cifras brutales que ya no permiten el silencio.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que 1 de cada 6 personas en el mundo vive con alguna discapacidad: más de 1,300 millones de personas. No somos una minoría invisible, somos una parte estructural de la humanidad. Y aun así, seguimos siendo excluidas de la educación, el empleo, la salud y la justicia.
En México, el INEGI, a través de la ENADID, documenta que 8.8 millones de personas vivimos con discapacidad, el 7.2% de la población, y la mayoría somos mujeres. Mujeres que vivimos doble y triple discriminación: por género, por discapacidad y por pobreza.
La violencia no es una percepción: es un hecho documentado.
La ONU Mujeres y la OMS han señalado que las mujeres con discapacidad tenemos hasta el doble de probabilidades de vivir violencia, y que las niñas con discapacidad tienen hasta 4 veces más riesgo de sufrir abuso sexual que las niñas sin discapacidad. Esto no ocurre por casualidad: ocurre por la desprotección del Estado, la dependencia forzada y el aislamiento social.
En México, la organización Human Rights Watch documentó casos de confinamiento, abandono, violencia física, sexual y psicológica contra personas con discapacidad en entidades como Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, muchas veces cometidos por familiares o cuidadores, bajo un sistema que no investiga, no sanciona y no repara.
Y cuando intentamos denunciar, el propio sistema nos cierra la puerta.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CNDH han reconocido que los ministerios públicos, hospitales y juzgados carecen de ajustes razonables, intérpretes, formatos accesibles y personal capacitado, lo que convierte a la justicia en un privilegio, no en un derecho.
Por eso hoy nos dirigimos directamente a las autoridades municipales, estatales y federales:
No pedimos sensibilidad. Exigimos responsabilidades.
Exigimos presupuesto etiquetado, suficiente y verificable para políticas públicas en discapacidad, con mecanismos de vigilancia ciudadana.
Exigimos que los ajustes razonables sean obligatorios e inmediatos en hospitales, ministerios públicos, juzgados, escuelas, universidades, transporte y espacios de trabajo. La accesibilidad no es un favor: es una obligación legal.
Exigimos protocolos específicos, públicos y operativos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra personas con discapacidad, especialmente contra mujeres, niñas y adolescentes, con rutas de denuncia accesibles, acompañamiento psicológico, jurídico y reparación del daño.
Exigimos capacitación obligatoria y certificable a todo el funcionariado en derechos humanos y discapacidad, con sanciones reales a quien discrimine o niegue servicios.
Exigimos datos desagregados, actualizados y públicos sobre discapacidad, violencia, empleo, educación, salud y acceso a la justicia, porque sin datos no hay política pública real.
Y exigimos algo fundamental: nada sobre nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros. Participación directa, con voz y voto, de las personas con discapacidad en todas las decisiones, programas y leyes que nos afectan.
Las cifras no son números.
Son cuerpos violentados.
Son vidas empobrecidas por omisión del Estado.
Son derechos negados todos los días.
No más discursos vacíos.
No más inclusión de papel.
La discapacidad también es una lucha por la vida digna, la justicia y la autonomía.
