15/10/2013
El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha visto este lunes la última sesión del juicio contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de la talidomida en España a través su filial Medinsa, al que han asistido decenas de afectados con malformaciones. En el procedimiento civil están inmersas veinte de las cientos de víctimas por las malformaciones que alegan que causó el consumo de este medicamento en España. Reclaman un total de 204 millones de euros. Las bazas de Grünenthal, el laboratorio que patentó la talidomida en 1957, quedaron claras en el juicio que ha quedado visto para sentencia hoy: los efectos adversos (la demanda civil la han presentado 186 personas) ha prescrito y no está demostrada la culpabilidad del laboratorio, que actuó, según su abogada, de acuerdo al conocimiento que había en la época. “Lo injusto es pedir a un tribunal que juzgue una negligencia de hace 50 años”, dijo la abogada. La talidomida se usaba como un tranquilizante, pero, fuera de prospecto, también para tratar las náuseas de las embarazadas. Esa aplicación fue la que causó las malformaciones.
Para los afectados, como dijo al acabar el juicio Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), los argumentos de la empresa son tecnicismos legales. “Dicen que dejaron de venderla en diciembre de 1961”, cuando llegaron las sospechas de efectos adversos, “pero hemos demostrado que en mayo de 1962 se seguía vendiendo”. Sobre la prescripción, su argumento es que “en España se ocultaron los efectos. Ya se encargó Franco de que no se pudiera reclamar”. “Dicen que fueron extremadamente diligentes en retirar el producto, pero no hicieron nada para informar a las mujeres que tenían en el fármaco en casa y que pudieron seguir usándolo”.
La última sesión del juicio tuvo un solo testigo: el representante de la empresa, Guillermo Castillo. Este declaró que las sospechas sobre los efectos en los fetos de las mujeres embarazadas (sobre todo, malformaciones en brazos y piernas) se tuvieron en noviembre de 1961, y que ya en diciembre se decidió la retirada. En total, devolvieron 91,2 kilos de producto. Pero eso dejaba 40 millones, como recordó el abogado de los demandantes, y para hacer una pastilla bastan 0,25 miligramos. “Calcule los millones de pastillas que se pueden hacer”, argumentó.
En el juicio, como recordó la abogada de la empresa, no se discute que la talidomida tenga efectos perversos en las mujeres embarazadas. Por eso para determinar la culpa había que demostrar que el laboratorio actuó con negligencia.
La primera parte de ello remite al prospecto. Castillo admitió que no decía nada de las embarazadas, pero dijo que eso era lo normal entonces. En sus conclusiones, la abogada de Grünenthal insistió en que incluso los expertos que dieron la alerta en 1961 decían que solo las terapias hormonales estaban contraindicadas para las gestantes, y que para el resto de los medicamento se las consideraba parte de la población general.
Los demandantes argumentan que, aparte de eso, hay dudas sobre la fecha de retirada (en mayo de 1962 el Ministerio de Sanidad retiró el registro, lo que equivale a declarar prohibida cualquier comercialización), pero también sobre la actuación del laboratorio. En una carta esgrimida por su abogado de los demandantes se recoge que la casa matriz alemana y la española acordaron no dar toda la información sobre la retirada par no mermar la imagen de la empresa. También que no se hizo ningún tipo de campaña en prensa o similar para advertir de los riesgos. El laboratorio dice que movilizó a su fuerza de ventas para dar la información a los médicos.
Otro argumento sobre la no prescripción es la posibilidad de que hayan aparecido nuevos daños. “Era imposible” saber en su momento cómo iban a evolucionar los pacientes, porque nunca se había dado una situación similar, dijo el abogado.
Por su parte, la abogada de la empresa también aprovechó la letra de la ley española en otro aspecto. “No todas las malformaciones fetales son por talidomida. Las ha habido antes y después”, dijo. Esto es clave, ya que para tener derecho a una indemnización (los demandantes piden 20.000 euros por punto del grado de minusvalía) hay que demostrar una relación al menos muy probable con el producto. Algo en lo que el tiempo también juega en contra de los afectados.
Por ejemplo, L. R. P., un madrileño de 43 años, se quejaba antes del juicio de que su historial había desaparecido de la maternidad de O’Donell. Afectado de los dos brazos, no se mostraba optimista. De acuerdo a su grado de discapacidad, le corresponderían más de 1,5 millones, según la demanda de Avite. Pero no era optimista. El precedente de la indemnización ofrecida por el anterior Gobierno juega en su contra. Entonces se decidió restringirla a los nacidos entre 1960 y 1965. Y él lo hizo en 1967. "Aunque ganáramos, el laboratorio empezaría a decir: “Tú eres afectado, tú no”.
Para acabar de complicarlo, Grünenthal no fue el único laboratorio que vendió talidomida en España en esas fechas. Aunque tenía la patente, hubo otros tres. Y eso, como apuntó su abogada, hace más difícil demostrar la culpa. Para los afectados eso es irrelevante. “Ellos tenían la patente. Si dejaron que otros lo vendieran tenían que haber advertido de sus efectos”, dice Basterrechea. “Si no les demandaban, es porque estaban de acuerdo”.
Al final de juicio los ánimos estaban mezclados. “No está fácil”, admitía una mujer. “A los alemanes les han dado en 1971 una indemnización, pero nosotros no les importamos lo mismo”.
La sentencia se espera en mes y medio.
