26/02/2019
PARAMONGA Y SU CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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Respirar y enfermar, en Paramonga es lo mismo. En este distrito norteño de Lima el avance de la industria de la caña de azúcar está comprometiendo seriamente la salud de los vecinos del asentamiento humano nueva esperanza Y TODO PARAMONGA. La razón, según ellos, es la contaminación que emana la empresa AZUCARERA Y LAS OTRAS DOS EMPRESAS RESTANTES TAMBIEN.
Nueva Esperanza es una comunidad de alrededor de 900 personas que viven en condiciones precarias. La agroindustria azucarera es la principal o la única actividad económica que se desarrolla en la zona, por lo que es el sustento de muchas familias lugareñas. Sin embargo, la principal planta de producción azucarera instalada allí –, , lejos de convertirse en un motor de desarrollo, sería la culpable de las enfermedades respiratorias y de piel que aquejan a la población. Al menos eso es lo que asegura Narciso Díaz Vega, presidente de la junta de vecinos de Nueva Esperanza, quien manifiesta su pesar por el poco interés de las autoridades en investigar sobre esa situación y en defender los derechos de sus vecinos: “Nuestros hijos beben y se lavan con el bagacillo que está presente en el agua; estas cenizas ingresan por debajo de la puerta de sus cuartos y por las ventanas. Constantemente tosen y en muchos casos tienen que tomar corticoides. Gran parte de ellos presentan afecciones en la piel; incluso muchos adultos padecen de fibrosis pulmonar”.
La fibrosis pulmonar es una afección irreversible a los pulmones, en los que se forman callosidades que van obstruyendo los alvéolos pulmonares y con ello mitigan la capacidad pulmonar. Para quienes la adquieren, la menor actividad física como caminar o simplemente hablar produce extrema agitación y asfixia en casos graves.
Otros pobladores se quejaron de constante irritación de garganta y ojos debido a las emanaciones de gases y partículas desde los calderos de AIPSA. En pocas palabras, mientras los pobladores de Nueva Esperanza siguen enfermando, las autoridades alargan la agonía con sus numerosos y engorrosos procesos burocráticos. ¿Qué esperan para tomar cartas en el asunto?
AIPSA DESAPROBADA: AUTORIDADES SIN AUTORIDAD
Para desarrollar su actividad económica, AIPSA lleva a cabo el proceso de quema y molienda de la caña, lo cual hace que se volatilicen en el aire un polvillo cenizo llamado bagacillo, el cual mientras está suspendido en la atmósfera puede ser inhalado y cuando se cae se deposita en todas las superficies.
El Ministerio de Agricultura, en 2011, según la resolución de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios Nro. 20-2011-AG, desaprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la empresa azucarera aduciendo que la empresa excede el nivel de partículas totales en suspensión, así como el diámetro menor de 2.5 micras por partícula, ambas medidas estipuladas en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) y la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, la empresa continúa con sus actividades productivas sin que las autoridades distritales se preocupen en entender el problema de salubridad pública de Nueva Esperanza o ejecutar medidas que mitiguen o controlen las emisiones de la empresa Ley de Evaluación del Impacto Ambiental Nro. 27446 señala que “ningún privado podrá dar inicio a ninguna actividad, ni autoridad alguna de los tres niveles de gobierno podrá autorizarla, si es que ésta no cuenta con la certificación ambiental expedida por la autoridad correspondiente”.
Además de ello, la Oficina Regional de Defensa Civil mediante carta múltiple Nro. 112-2013-ORDC concluyó que el inmueble propiedad de la empresa azucarera “no cumple con las condiciones de seguridad en Defensa Civil establecidas en la normatividad vigente.
Sin certificado de Defensa Civil y sin EIA aprobado, dicha empresa simplemente debió dejar de funcionar. El Ministerio del Ambiente, la Municipalidad Distrital de Paramonga, el Gobierno Regional de Lima, entre otros organismos fiscalizadores del ambiente hasta el momento no han sido capaces de tomar cartas en el asunto de manera frontal, es decir, que la empresa cese sus funciones productivas o que en el plazo menor inmediato subsane sus carencias formales ante la población y las autoridades competentes.
LUCHA POR LA SALUD
Según la Ley General del Ambiente “son Zonas de Atención Prioritaria aquellas que por su concentración o densidad poblacional o por sus características particulares presentan impactos negativos sobre la calidad del aire”, sin embargo, hasta el momento no solo la empresa azucarera
incumple con mejorar la tecnología y calidad de sus procesos productivos sino que las autoridades del caso no han tomado acción en sus obligaciones.
Los pobladores del asentamiento humano Nueva Esperanza han sido quienes a través de vigilias y protestas han llevado su denuncia al Ministerio del Ambiente. “Como nadie nos hacía caso y cada vez más personas se enfermaban de las vías respiratorias fuimos al Ministerio del Ambiente. Allí nos atendió el señor Julio César Guzmán, quien es el procurador en asuntos ambientales, él ha hecho que nuestra denuncia por primera vez proceda luego de muchos años, incluso cuando ya nos habían archivado las investigaciones preliminares por falta de pruebas, según la Fiscalía de Huacho.”
Hasta el momento se han realizado dos mesas de diálogo presididas por la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS). Elizabeth Valle, presidenta de la segunda mesa de diálogo entre pobladores, autoridades y la empresa, afirma que la ruptura del diálogo ha sido responsabilidad de la población debido a su negativa de adoptar medidas que no estaban estipuladas en la mesa de diálogo. Incluso afirma que “siguen reiterando su negativa al establecimiento de una nueva mesa de diálogo”.
En estas, según Valle, se les ha ofrecido monitoreos periódicos al ambiente y revisiones médicas a 180 de los casi 900 vecinos de Nueva Esperanza. Todos estos ofrecimientos de solución han sido rechazados por los pobladores aduciendo que estos siempre acaban a favor de la empresa azucarera.
Para el procurador adjunto de Asuntos Ambientales, Julio César Guzmán, la población debería sumarse a esta fase de investigación preliminar, puesto que “es la única manera en que los pobladores pueden participar como prueba en las pesquisas que el fiscal de turno de Huacho en Asuntos Ambientales está llevando a cabo. Hasta el momento no hemos logrado que brinden los nombres de los afectados en su salud. En ese sentido, no tengo la fortaleza legal suficiente para ofrecer este medio de prueba de manera oficial”.
La respuesta de Narciso Díaz es que ya no confía en las autoridades. Él y su junta directiva han sido testigos de cómo sus derechos y sus reclamos han sido, según ellos, ignorados: “En todas las reuniones, la empresa es la que siempre ha sido favorecida. Todos los exámenes han sido favorables a ellos y nuestras autoridades lo único que han hecho es darles la razón. No han protestado. Su silencio en cada una de las mesas así lo demuestra. Estamos nosotros solos contra la empresa azucarera, que es del grupo Wong”.
Hasta este año, la empresa azucarera no ha brindado información acerca de si ha subsanado la desaprobación de su EIA y su certificado de Defensa Civil ante el Juzgado de Huacho, por lo que se deduce que hasta el momento opera sin ellos.
Isabelita Rojas, secretaria de la junta vecinal, vive a media cuadra del lindero con la empresa azucarera y no vive tranquila. Sobre su techo y cobertor plástico de su mototaxi puede verse a simple vista cómo el bagacillo va cubriéndolo todo, lenta y silenciosamente. Ella, al igual que la mayoría de sus vecinos, vive bajo el temor de las represalias que pueda tomar la empresa azucarera si alguien empieza a registrar lo que sucede en el vecindario. “Hace unos meses unos muchachos universitarios estuvieron grabando las emisiones de la chimenea, y cuando salieron, la seguridad de la empresa y los ‘agarró’ y les quitó su cámara”.
Según cuentan los pobladores, no es común que la gente declare contra dicha empresa. Muchos de los que viven allí trabajan en la empresa. Temen perder su puesto de trabajo como, según nos cuentan, ya ha sucedido antes y de manera reiterativa.
Al parecer el problema ambiental en esta localidad tiene todavía varios capítulos por delante. Si bien aún no hay pruebas legales contundentes sobre la contaminación salubre, como hemos visto, sí hay pruebas de irregularidades ambientales y logísticas que deberían por lo menos haberse aclarado por las autoridades. ¿Habrá esperanza para Nueva Esperanza?
