12/10/2025
✍️ Las reformas en salud del fujimorismo en la década de 1990 favorecieron a grupos empresariales, consolidando un modelo privatizador y lucrativo que persiste hasta hoy:
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1. Contexto general de las reformas
Tras el autogolpe de 1992, el régimen de Alberto Fujimori implementó un conjunto de reformas estructurales neoliberales inspiradas en el Consenso de Washington. Bajo la asesoría del Banco Mundial y el FMI, el Estado peruano redujo su rol como proveedor de servicios y promovió la participación del sector privado en áreas consideradas antes “públicas”, entre ellas salud, educación y seguridad social.
El discurso oficial hablaba de “eficiencia, modernización y libertad de elección”, pero en la práctica se tradujo en la mercantilización progresiva del derecho a la salud.
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2. Creación de las EPS y segmentación del sistema
Una de las reformas más decisivas fue la creación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) mediante la Ley N.º 26790 (1997), conocida como la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
Las EPS fueron concebidas como entidades privadas que podían administrar parte del aporte obligatorio de los trabajadores (9% del salario) destinado tradicionalmente al Seguro Social (hoy EsSalud).
De ese modo, una fracción de los fondos públicos de la seguridad social comenzó a transferirse hacia empresas privadas, con el argumento de brindar atención más rápida o de “mayor calidad”.
En la práctica, esto significó un trasvase de recursos públicos al sector privado, beneficiando principalmente a conglomerados como Rímac, Pacífico, Sanitas, Mapfre, entre otros, muchos vinculados a grupos financieros y aseguradoras.
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3. Financiarización y concentración empresarial
El modelo permitió que los seguros privados de salud crecieran y se articularan con clínicas privadas, configurando un oligopolio médico-financiero.
Grupos económicos como Romero, Brescia, Rodríguez-Pastor y De Osma consolidaron redes que integran bancos, aseguradoras y servicios médicos.
Estas empresas recibieron subsidios indirectos del Estado (a través de exoneraciones y derivaciones de pacientes) mientras que los hospitales públicos quedaron infrafinanciados y precarizados.
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4. Consecuencias sociales y éticas
Las consecuencias fueron profundas:
Segmentación del acceso: quienes podían pagar accedían a servicios privados de alta calidad; la mayoría quedó en un sistema público debilitado.
Desigualdad territorial: las inversiones privadas se concentraron en Lima y zonas urbanas rentables.
Desvalorización del médico internista y del personal del Estado, al promoverse el prestigio del ejercicio privado como “éxito profesional”.
En síntesis, la salud dejó de ser un derecho social garantizado por el Estado para convertirse en un bien de consumo gestionado por intereses financieros.
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5. Continuidad del modelo
Lo más significativo es que este esquema no se desmontó tras la caída del fujimorismo.
Los gobiernos posteriores —Toledo, García, Humala, Kuczynski y hasta el actual— mantuvieron e incluso ampliaron la participación de las EPS, consolidando un régimen mixto de inequidad estructural.
Hoy, más de un tercio del presupuesto sanitario nacional se canaliza hacia el sector privado por vías directas o indirectas.
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6. Balance crítico
Podemos afirmar, con evidencia económica y sociopolítica, que las reformas de los años noventa:
Desmantelaron parcialmente la seguridad social solidaria.
Abrieron la salud al capital financiero.
Generaron enriquecimiento sostenido de grupos empresariales ligados a las EPS y clínicas privadas.
Y establecieron un modelo de salud dual, donde la lógica del lucro predomina sobre la del derecho ciudadano.
