23/12/2025
"La reválida no es un examen universitario cualquiera: es la línea que separa la práctica médica legal de la ilegal. Cualquier irregularidad, por mínima que parezca, tiene implicaciones éticas, profesionales y legales".
LA REVÁLIDA DE JOVIN
Por Abimael Acosta
Lo que ocurrió con la reciente reválida médica en Puerto Rico no puede despacharse como un simple “error técnico”. Fue un episodio lo suficientemente irregular como para levantar cejas, generar sospechas legítimas y, sobre todo, erosionar la confianza pública en uno de los procesos más sensibles del país: la certificación de quienes ejercerán la medicina.
Durante la administración del examen, específicamente la sección de Ciencias Básicas, decenas de aspirantes se toparon con un escenario impropio de un proceso que se supone riguroso y estandarizado. Preguntas repetidas, errores de impresión, páginas mal ordenadas y folletos defectuosos obligaron a que los examinados respondieran directamente en el cuadernillo, abandonando la hoja oficial de contestaciones. La corrección, se les dijo, sería manual.
Detengámonos ahí. Una reválida médica corregida a mano, tras fallas reconocidas en la confección del examen, no es un asunto menor. La reválida no es un examen universitario cualquiera: es la línea que separa la práctica médica legal de la ilegal. Cualquier irregularidad, por mínima que parezca, tiene implicaciones éticas, profesionales y legales.
El proveedor del examen, la Universidad Central del Caribe, admitió los errores y llegó al punto de recomendar que esa parte de la reválida se repitiera para los más de cien candidatos afectados. El Departamento de Salud, por su parte, se distanció del proceso, alegando que la responsabilidad recae en el proveedor privado, mientras anunciaba que evalúa buscar uno nuevo debido a fallas recurrentes.
Hasta aquí, el relato podría leerse como una historia más de incompetencia administrativa en Puerto Rico. El problema es el contexto.
Entre los aspirantes que tomaron esa reválida se encontraba José Yovín Vargas, esposo de la gobernadora Jenniffer González. Y aunque no existe evidencia pública de que haya recibido trato preferencial, la sola coincidencia convierte el episodio en algo políticamente delicado y, francamente, extraño.
Cuando el sistema falla justo cuando una figura con poder político indirecto está dentro del grupo afectado, la percepción importa tanto como los hechos. No porque se pruebe una intervención, sino porque la opacidad del proceso, sumada a errores tan burdos, abre la puerta a la duda razonable. Así lo reconoció el propio Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que advirtió que la situación genera especulación, frustración y desconfianza.
La Fortaleza se apresuró a negar cualquier intervención gubernamental, insistiendo en que el examen no lo administra el Estado. Pero esa defensa, aunque necesaria, no responde la pregunta de fondo: ¿cómo es posible que un proceso de esta magnitud colapse de manera tan aparatosa y, aun así, se pretenda que todo continúe como si nada?
Lo verdaderamente alarmante no es solo que el examen fallara, sino que el sistema parezca diseñado para que nadie asuma plena responsabilidad. El proveedor admite errores. El Departamento de Salud se lava las manos. La Junta evaluadora delibera. Y los aspirantes, incluidos los que no tienen apellido influyente, quedan atrapados en un limbo de incertidumbre.
En un país donde la emigración de médicos es una crisis real, donde la confianza en las instituciones está profundamente erosionada, y donde la transparencia debería ser prioridad absoluta, este episodio no puede cerrarse con comunicados defensivos.
La reválida médica que se “descuadró” no es solo una anécdota administrativa. Es un síntoma. Y como todo síntoma, apunta a una enfermedad mayor: la normalización del desorden, la falta de rendición de cuentas y la peligrosa costumbre de pedirle al país que confíe… incluso cuando todo indica que algo no está bien.
